• 25 abril, 2017

    La DGT, condenada por no aplicar bien el margen de error en radares de la Comunitat

Los radares siguen llevando de cabeza a los conductores valencianos. La fila línea que separa la intención de garantizar la seguridad vial con el afán recaudatorio ha originado una lluvia de demandas contra la Dirección General de Tráfico (DGT) de usuarios que no están del todo de acuerdo con la sanción interpuesta.

De hecho, desde la asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA) hacían ayer públicas tres nuevas sentencias dictadas en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Valencia y número 1 de Elche en las que se han estimado las reclamaciones promovidas por los servicios jurídicos de la entidad y han reducido las sanciones impuestas por Tráfico a unos conductores por supuestos excesos de velocidad.

En concreto, aclararon, «por no aplicar correctamente a la velocidad captada por los radares, es decir, los márgenes de error en verificación periódica que se contemplan en el Anexo III, punto 4, de la Orden ITC/3123/2010, de 26 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de los instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor».

Dos de las sanciones, de 300 euros y la retirada de dos puntos del carné, se reducen a 100 euros; mientras que la tercer, de 500 euros y seis puntos baja a 400 euros y cuatro puntos.

Así, según AEA, estos nuevos fallos judiciales «se unen al rosario de sentencias dictadas ya por numerosos tribunales de toda España y avalan la denuncia realizada en 2010 por la organización respecto del erróneo criterio sancionador que la DGT» y distintos gobiernos autonómicos y ayuntamientos españoles a la hora de sancionar los excesos de velocidad.

Desde la asociación calculan que, desde mayo de 2010, se han impuesto en España cerca de un millón de multas con importes y detracción de puntos superiores a los establecidos en la Ley de Seguridad Vial que, según resaltan, son «sanciones ilegales».

Sobre este tema, además, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, formuló ya una sugerencia a la DGT instando a que revise de oficio los expedientes sancionadores en los que no aparezca demostrado que en la velocidad captada por los cinemómetros se haya descontado el error máximo previsto legalmente.

«Esperamos que, con esta oportuna actuación de la Defensora del Pueblo, cese por fin la irregular actuación que la DGT viene llevando a cabo desde hace siete años», apuntaron desde AEA.